MALTRATO Y LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL DE ARAGÓN

A falta de una Ley de Protección Animal Estatal, Aragón, como otras Comunidades, dispone desde marzo de 2003 de una Ley que establece las normas mínimas que deberían garantizar los derechos y el bienestar de los animales.

Aunque la Ley tiene muchas lagunas, es ambigua y establece sanciones insuficientes, el problema no está tanto en mejorarla sino en hacerla cumplir. A día de hoy todavía no se ha desarrollado el Reglamento encargado de dotarla de los recursos económicos y humanos para poder aplicarla de forma eficaz. Son los Ayuntamientos los que asumen las competencias,  que desarrollan en Ordenanzas Municipales, en muchos casos, por desconocimiento, contrarias a la Ley y, cuando no, sin criterios claros, sin recursos, o sin voluntad real para aplicarla. Así por ejemplo, la mayoría de los Ayuntamientos no hacen nada por evitar la proliferación de animales abandonados en sus calles, ni elaboran censos de perros que facilitaría el control y seguimiento de su estado, como marca la ley.

En cuanto al maltrato, la Ley tipifica los casos considerados como falta o delito  y las sanciones correspondientes. También establece la obligación de todo ciudadano a denunciar, sin embargo pocas veces se denuncia, bien por falta de empatía, desconocimiento  o simplemente miedo. La mayoría de la gente ni siquiera se plantea que tener encadenados a los perros en las puertas de viviendas,  cuadras o naves con el  único fin de que ladren, en recintos minúsculos de los que nunca salen,  en balcones a pleno sol ó con temperaturas bajo 0,… o algo tan básico como darles de comer todos los días es MALTRATO y como tal debería ser denunciado.

Cuando se denuncia, la falta de recursos humanos y económicos de los órganos encargados de velar por su aplicación (veterinarios oficiales y SEPRONA)  hace prácticamente imposible que la denuncia prospere y en el caso que se consiga, la ambigüedad y falta de concreción de las infracciones junto con la permisividad de quienes la interpretan favorece que las sanciones sean mínimas y en la mayoría de los casos los maltratadores salgan impunes.

Al margen de la legislación, mejorar las condiciones de vida de los animales y fomentar el respeto por todos los seres vivos es, ante todo, un problema EDUCACIONAL, aspecto que también contempla la Ley pero que las mismas Administraciones vulneran y legitiman al permitir espectáculos públicos con animales que, baja la falsa apariencia de tradición y/o cultura,  enmascaran la crueldad y el maltrato.

Ante este panorama, el papel de la asociaciones y protectoras de animales no es nada fácil, pues para las administraciones resultamos incomodas al denunciar  y exigir que se aplique la Ley, y para gran parte de los ciudadanos nuestras demandas se consideran desmesuradas porque ello implica el que se cuestione las condiciones en las que tienen a sus animales y, en el mejor de los casos, que se vean obligados a mejorarlas.